IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA VERSUS SANIDAD PUBLICA

El Gobierno neoliberal del Partido Popular, presidido por el Sr. Aznar, ha propuesto a las Comunidades Autónomas la posibilidad de que saquen dinero del precio de la gasolina y lo destinen a financiar la Sanidad Pública. Para ello, lo único que tienen que hacer es dar el visto bueno a la creación de un gravamen, que oscilará entre las 4 y las 5,6 pesetas por litro de gasolina, que se aplicará a la venta minorista de hidrocarburos. Las primeras cuatro pesetas irían a parar al Estado, mientras que el resto, hasta las cinco coma seis pesetas, se destinaría a las Comunidades Autónomas que así lo estimen oportuno.

La decisión de implantar este gravamen ha quedado pospuesta, al menos una semana, a petición de la totalidad de las Comunidades Autónomas en las que no manda el Partido Popular y la mitad de las que están dirigidas por éste partido. No sé si el aplazamiento esta justificado en la idea de dar tiempo para estudiar las aportaciones de las Comunidades Autónomas, tal como han expresado los máximos mandatarios del Ministerio de Hacienda, o con la intención, ésta oculta, de ver la reacción de la Opinión Pública frente al aparente incremento de la presión fiscal, esta vez destinado a un gasto como es el sanitario público que difícilmente puede dar lugar a una oposición contundente.

Sea cual sea la causa que ha justificado el aplazamiento en tomar la decisión de incrementar en un duro los impuestos que gravan la gasolina, así como la oposición expresada por Consumidores, Empresarios y Defensores de la Sanidad Pública a esta subida, lo que pronto hemos de comprobar en nuestros bolsillos es que, como ha dicho el Secretario de Estado de Hacienda, “al Gobierno le basta con el apoyo de una Comunidad Autónoma para tener la mayoría suficiente que le permita sacar su propuesta a delante” y tiene ocho.

Con el sentido del humor que nos caracteriza, diremos que esta subida del precio de la gasolina no nos va a afectar, como no nos han afectado las anteriores. Seguiremos echando las 3.000 pesetas que echábamos antes de la subida. Y el Señor Aznar se reirá como no lo había hecho hasta ahora. Porque tras la subida de un “durito” de la gasolina, destinada a financiar un servicio tan necesario como es el de la Sanidad , se esconde la puñalada más profunda que se ha dado a la consideración de “España como un Estado social y democrático de Derecho” desde 1978, año en que se aprobó la Constitución.

Cuando la Carta Magna establece en su primer artículo que vivimos en un Estado social, está resumiendo lo que va a desarrollar a lo largo de su texto en artículos como el 31.1 donde se establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio “ .

Principios constitucionales que nada tienen que ver con los recortes, que allí donde gobierna el Partido Popular, o sus socios, se van realizando a los porcentajes más altos en el IRPF, recortando la progresividad de este impuesto, único prácticamente que tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo, su condición de trabajador por cuenta ajena, su situación familiar y personal, etc. Ni con el sonrojo que causa la vergonzante estadística que año tras año nos dice que, atendiendo a las declaraciones de la renta, los empresarios tiene unos ingresos inferiores a los de sus trabajadores. Ya nadie se cree que en este país paga más quien más tiene.

En esta misma dirección poco constitucional se encamina el hecho de que cada vez son más los gastos públicos sufragados con ingresos obtenidos a través de los llamados “impuestos indirectos”, esto es, aquellos que gravan, como por ejemplo el IVA, el consumo de bienes o servicios. Se trata de figuras impositivas donde se paga al Estado un porcentaje respecto al bien consumido o al servicio prestado, sin que se tenga en cuenta ni la capacidad económica de quien paga, ni sus circunstancias personales más o menos desfavorables.

Pero no dejando de ser grave esta situación, lo triste es con la impunidad con la que actúan. Porqué cuando nos enfrentamos a un impuesto indirecto, injusto desde en punto de vista de los que menos recursos tienen, dado que las cantidades pagadas por él son pequeñas y están camufladas en el precio del bien o servicio gravado por el mencionado impuesto, la sensación de presión fiscal es menor que cuando nuestra aportación a los Gastos Generales de la Sociedad en la que vivimos se hace mediante impuestos directos, como el IRPF. Y ello porque en este impuesto el pago se hace es mayor por hacerse en un único momento y no tiene una contraprestación inmediata al momento de la entrega del dinero. Este “espejismo fiscal" permite que quienes pretenden que todos contribuyamos a los Gastos Generales en la misma cantidad, independientemente de que tengamos mejor o peor posición económica, utilicen esa sensación psicológica de menor presión fiscal de la imposición indirecta para que cada vez sea mayor el porcentaje de Gasto sufragado por estos impuestos, evitando que paguen más los que más tienen. Tal como ocurriría si el principal impuesto recaudador fuera el IRPF, donde aun perduran aspectos que tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente a la hora de paga a Hacienda.

No conformándose con esa progresiva evolución neoliberal, conservadora, o de derechas que nuestros actuales mandatarios están dando al sistema de financiación del Gasto Público en general, ahora quieren dar un paso más, conectando un incremento en el impuesto indirecto que grava a los hidrocarburos a la financiación de un gasto concreto como es el sanitario, con el especial carácter social del mismo. Colocando al ciudadano ante la disyuntiva de elegir entre no ver mejorado el servicio de la Sanidad Pública o ver como esa mejora debe salir de su bolsillo, independientemente del tamaño de ese bolsillo.

Y dado que tenemos los políticos que no merecemos, solo nos queda esperar que el Tribunal Constitucional deje de discutir con el Tribunal Supremo respecto a lo que vale la imagen de Isabel Presley, y haga respetar aquello que nuestra Constitución consagra.

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